Al mismo tiempo que la política exterior de Felipe II hacía aguas a consecuencia de sus interminables guerras encontró un nuevo motivo de preocupación ,pero esta vez, dentro de sus reinos peninsulares. Su padre Carlos V ya le había advertido de que no sería una tarea fácil el gobernar sus reinos orientales a causa de sus privilegios y derechos forales. El Reino de Aragón era gobernado por el rey mediante un virrey y con el apoyo del Consejo de Aragón. Uno de los privilegios regios era el nombramiento de este y de todos los consejeros, aunque estos habían de ser miembros de la nobleza aragonesa, lo que limitaba el margen de maniobra del rey que también se veía limitado por toda una red de leyes locales y prácticas legales. En lo que respecta a la justicia estaba por un lado la Audiencia de Zaragoza que impartía la justicia real y también El Tribunal de Justicia formado por 5 miembros nombrados por la Corona y 16 por las Cortes Aragonesas y a cuyo frente se encontraba el Justicia de Aragón.

Retrato de Antonio Perez. Libro "Retratos de Españoles ilustres" publicado por la Real Academia de Madrid (1791)

El nombramiento de este en teoría era potestad regia aunque durante todo el siglo XVI lo habían ostentado a titulo hereditario la familia Lanuza. La principal misión de este era la mediación en los litigios entre la corona y la nobleza, además de ejércer la jurisdicción criminal y civil Una de sus potestades que correspondía a ese cargo era la conocida como “manifestación” y se producía cuando un acusado solicitaba su amparo al considerar que existía un agravio por parte de los oficiales reales que le suponía un peligro físico, entonces el Justicia podía proporcionarle protección mientras su caso era juzgado por jueces competentes. Esto procedimiento suponía una inmunidad total del acusado frente a la autoridad real. Este privilegio venía recogido en los fueros de Aragón y en realidad era una forma de protección de la nobleza -herencia del feudalismo- ya que para el resto de la población la justicia regia era la única forma de protección contra los abusos de los señores.

Felipe II estuvo siempre preocupado, al igual que su padre, de la falta de capacidad de gobierno en los reinos de la Corona de Aragón y en 1588 convencido de que había llegado el momento de afirmar su autoridad decidió dar un golpe de efecto al nombrar un virrey no aragonés que no estuviera ligado a los fueros y las tradiciones locales. El elegido fue el Marqués de Almenara para sustituir a el Conde de Sástago. Los nobles aragoneses clamaron al cielo y exigieron su destitucion. La norma por la cual este debía ser aragonés no estaba demasiado clara y Felipe II lanzo un pulso a los nobles aragonés para reafirmar su autoridad, aún así su actitud profundamente legalista deseaba que este fuese confirmado por el Tribunal de Justicia, que no lo hizo. Almenara sufrió la ira de los aragoneses, su casa fue incendiada y el prácticamente condenado al ostracismo, por lo que únicamente pudo regresar a Castilla a informar a su rey de lo acontecido. Este buscando una solución transitoria depuso al conde de Sástago y los sustituyo por el obispo de Teruel, Andrés Simeno, figura secundaria que encajaba mejor por su carácter fácil de manipular. En la primavera de 1590, Felipe volvió a la carga al enviar de nuevo a Almenara, con mayores emolumentos y con su autoridad reafirmada, dispuesto de nuevo a que el Tribunal de Justicia lo reconociese y así poder de una vez por todas ejercer su cargo como Virrey con la oscura intención de doblegar a los aragoneses y abolir sus fueros pero en estos momentos entra en acción para complicar aún más la situación, Antonio Pérez que venía huyendo de Castilla,

¿Quien era Antonio Pérez?

De familia de conversos e hijo de Gonzalo Pérez, secretario de Carlos I, legitimado por este a pesar de sus orígenes algo oscuros, se le achaca que podía haber sido engendrado por su padre cuando este era clérigo cosa que siempre fue negada por él. Antonio recibió una cuidada educación acorde con sus orígenes en las más prestigiosas universidades; Alcala de Henares, Salamanca, Lovaina, Venecia y Padua.

A la sombra de su padre, Gonzalo, y gracias a su influencia entró al servicio del entonces príncipe Felipe como secretario particular y un año después de la muerte de su progenitor, en 1566, consigue convertirse en Secretario de Estado, aunque no con tanto poder como había detentado su padre y predecesor, sus competencias son recortadas y se ocupará únicamente de los asuntos atlánticos a través de su puesto en el Consejo de Castilla, cargo que también le permitirá el acceso a la correspondencia real y a los secretos de Estado. La política mediterránea es encargada a Diego Vargas, asuntos que también Antonio Pérez deseaba acaparar. Su obsesión por conseguirlo, que se agudiza tras la muerte de Vargas, lleva a Felipe a comenzar a desconfiar de él. Con el apoyo del marqués de los Vélez y el arzobispo Quiroga, Antonio Pérez pidió para sí la oficina vacante de Vargas en 1588 a lo cual se opusieron el conde de Chinchón y todos los que temían al poder de Antonio Pérez. El rey concedió finalmente los asuntos mediterráneos e italianos a Gabriel de Zayas.

Su primeros años como secretario le permitieron ejercer una fuerte influencia sobre el monarca, que reconocía a su inteligencia, su instinto y su conocimiento de los asuntos de Estado. Gracias a esta confianza se hizo con un mayor poder, a la vez, que consiguió enriquecerse con su cargo como era algo habitual en todos aquellos que conseguían un puesto de tan alto nivel. En aquellos momentos y aún antes existían dos facciones que luchaban por el poder y la gracia del monarca. Por un lado se encontraba la facción “liberal”, de la que formaba parte Pérez, y que estaba encabezada por el príncipe de Éboli y su secretario Francisco de Eraso, y por el otro lado, la facción “conservadora” cuya cabeza visible era el duque de Alba y el inquisidor general Fernando de Valdés. En 1573, se produce la muerte de el príncipe de Éboli y Pérez se asocia con Ana de Mendoza, princesa de Éboli, estableciéndose una solida colaboración que le supuso unos enormes beneficios a ambos, además del acceso a información gubernamental y secretos de estados con los que parece ser se dedicaron a traficar mientras crecía la oposición a sus actividades por parte de los miembros de la otra fracción que en ese momento contaba con destacados miembros de la nobleza como el duque de Alba, los Toledo y el conde de Barajas.

Ana de Mendoza. Princesa de Éboli. Recluida por Felipe II hasta el fin de sus dias en el palacio de Pastrana.

La rebeldía de Antonio Pérez y sus consecuencias

La caída en desgracia de Antonio Pérez comienza durante el gobierno en los Países Bajos del hermanastro del rey, D. Juan de Austria. Antonio Pérez y sus aliados aconsejaron al rey una paz negociada con los rebeldes al mismo tiempo que una invasión de Inglaterra que el rey rechazó considerando que no estaba preparado para ella. Antonio Pérez confabulo de tal manera que consiguió deteriorar a un más las relaciones, que ya entonces eran tensas entre el rey y su hermanastro, haciéndole al primero considerar subversivas las actuaciones del segundo. D. Juan envió a su secretario D. Juan de Escobedo a la Corte para aclarar la situación, pero parece ser que ante el peligro para su persona que podía suponer una reconciliación, Antonio Pérez convenció al rey de que Escobedo debía ser asesinado y este dio su aprobación aunque las razones permanezcan oscuras. Al final, Pérez, tras intentar primeramente y sin éxito envenenarlo contrato un grupo de asesinos que acabaron con Escobedo en las calles de Madrid en marzo de 1578. La implicación del todopoderoso secretario de Felipe II no paso desapercibida y el rumor comenzó a crecer. Felipe II en un principio intento proteger la integridad de este pero rápidamente se dio cuenta de que había caído en su trampa y se había dejado arrastrar por la ambición de su secretario que le había convencido de que su hermanastro no le era leal, cosa que tras la muerte de este y la llegada de sus documentos a palacio confirmo era falsa. Además la alianza entre Pérez y la princesa de Éboli se convirtió en un motivo de preocupación para Felipe II y su circulo cercano que comenzaron a sospechar de sus actividades como traficantes de secretos de Estado.

D. Juan de Austria por Alfonso Sánchez de Coello. Fuente: Wikimedia Commons.

El día 28 de julio de 1578 al caer la noche los alguaciles se personaron en el despacho de Antonio Pérez y procedieron a su detención. Lo mismo sucedió con la princesa de Éboli que fue puesta bajo custodia hasta que fue transladada y recluida de por vida en el palacio de Pastrana.

A pesar de las acusaciones, Antonio Pérez fue puesto en libertad y se le permitió libertad de movimientos por la villa de Madrid con el objetivo de que este les condujesen a los papeles que todavía estaban en su poder y que podían implicar a la Corona en el turbio asunto del asesinato de Escobedo. Al final, y sin los papeles, el monarca sucumbió a la presión de la familia de los Escobedo y los enemigos de Antonio Pérez y ordeno su detención en 1585. Esta vez fue acusado de tráficos de secretos de Estado y corrupción, aunque no de asesinato en un vano intento por hacer olvidar el asunto y que no acabara salpicando al rey, Pérez fue encontrado culpable y castigado con una pena de dos años de prisión y una sustanciosa multa. Pero los jueces no consiguieron que entregara sus documentos. En ese momento Felipe II buscaba algo más que documentos; buscaba también la paz para su conciencia sobre el asesinato de Escobedo, siendo ya de conocimiento público que el monarca había dado su consentimiento a ese crimen. Así pues, para expiar su culpa y para poner en claro que la responsabilidad recaía sobre Antonio Pérez que lo había engañado sobre D. Juan de Austria y Escobedo, Felipe lo llevó a juicio por segunda vez. En enero de 1590, el acusador real informó a Pérez de que el rey admitía que sabía que él había ordenado la muerte de Escobedo pero que para la tranquilidad de su conciencia necesitaba saber si los motivos que le había dado para cometer esa acción tenían peso suficiente. Pérez, después de ser torturado, confesó algunas de las causas que habían motivado la muerte de Escobedo, pero sin revelar nada sustancial ni aportar prueba alguna. Esa revelación fue fatal para él. Como no tenía pruebas de que D. Juan de Austria fuera culpable de subversión y, por tanto, nada incriminaba a Escobedo, el rey podía creer ahora que había sido engañado y que la responsabilidad del crimen no era suya sino de Pérez que lo había engañado con falsedades. Este sabía hasta qué punto era desesperada su situación y decidió huir. Ya tenía contactos en Aragón, que probablemente guardaban sus documentos. En abril de 1590 escapó de la prisión en Madrid y puso rumbo al Aragón buscando la protección de sus fueros y pronto se encontró bajo la custodia protectora de la cárcel del Justicia.

Juan de Escobedo.

Antonio Pérez llega a Aragón

Antonio Pérez no pudo elegir mejor momento para su huida que este. Aragón se debatía en la defensa de sus fueros, que se había convertido en un problema de primer orden, y el enfrentamiento con la Corona se encontraba en su momento álgido. El otrora poderoso secretario encontró un fuerte apoyo en Aragón, el duque de Villahermosa y el conde de Aranda entre los grandes y muchos miembros de la pequeña nobleza se solidarizaron con él como medio de defender sus privilegios feudales. Después de su huida y en su ausencia, Pérez, fue condenado en Castilla a muerte. El monarca inicio un proceso legal contra él en el Tribunal de Justicia acusándole de haber tramado el asesinato de Escobedo, haberlo embaucado con falsas pruebas, además de haber divulgado secretos de Estado y haber huido de la cárcel. La dilación del proceso dio tiempo a Antonio Pérez a exponer su versión de los hechos que no dejaba en buen lugar al monarca, ya que se reafirmaba en que él únicamente había actuado cumpliendo sus ordenes. Felipe II preocupado de que Antonio Pérez fuera absuelvo y que la sombra de la duda continuara planeando sobre él recurrió al único tribunal que tenia jurisdicción en Aragón por encima de sus fueros y contra el que nada tenía que hacer la autoridad del Justicia de Aragón, el Tribunal del Santo Oficio; la Inquisición. En mayo de 1591, el confesor del rey Diego de Chaves comenzó un proceso en el que pudiera intervenir la Inquisición y Pérez fue trasladado desde la prisión del Justicia hasta la de la Inquisición. La respuesta de sus partidarios no se hizo esperar y encabezados por Diego de Heredia se organizo un tumulto en Zaragoza donde la ira se dirigió contra Almenara -el virrey impuesto por la corona- que encontraría la muerte poco después a consecuencia de las heridas que le ocasionaron, Se asaltó la prisión de la odiada Inquisición y allí se rescató al nuevo estandarte contra el dominio centralista castellano que fue devuelto bajo la protección del Justicia de Aragón. Pérez, encantado con su condición de héroe, comenzó su labor propagandística dirigiendo la ira de los aragoneses contra la Corte y la Inquisición e incitándolos incluso a que tomaran las armas. La situación llego a tal extremo que los partidarios de Pérez idearon un plan para separar Aragón de la Corona y convertir a esta en una república bajo la protección del príncipe de Béarna, Enrique de Navarra. En la Corte del monarca cundió el pánico recordando lo acaecido en Flandes y temiendo que Aragón pudiera convertirse en una reedición de lo acaecido allí.

Enrique de Navarra por Frans Pourbus el Joven. Fuente: Wikimedia Commons

En este episodio se plasmaba el rencor que existía, no solo en Aragón, sino en todos los reinos penínsulares contra la frustración que el dominio de Castilla les producía y que les mantenía alejados de los mejores cargos reservados para los castellanos. Diego de Heredia convertido en cabecilla impidió un nuevo intento por parte de las tropas leales al monarca de trasladar a Pérez a la cárcel de la Inquisición. La nobleza, con el apoyo cada vez más mayoritario de el pueblo aunque muchas de las poblaciones aragonesas se mantuvieron leales a la Corona, se hicieron con el control de la ciudad y convencieron tanto al Justicia, Juan de Lanuza como a la Diputación de Aragón para que les dieran su apoyo y trasmitieran al monarca la amenaza de que el envió de tropas castellanas a territorio aragonés sería considerado una provocación y una violación de sus fueros y que se contestaría con todos los medios de los que dispusieran.

Felipe II que ya había congregado su ejercito al mando de Alonso de Vargas en la frontera de Aragón dispuesto a acabar de una vez con la rebeldia aragonesa. Tras fracasar las negociaciones para acabar con el conflicto pacíficamente, el rey decidió penetrar en territorio aragonés sabiéndose poderoso al contar con numerosos apoyos dentro y fuera de Aragón. Así fue y Pérez y sus camaradas huyeron a Béarn, mientras que el Justicia y parte de la nobleza que le había apoyado se refugiaron en Epila. Con la llegada del ejército comenzó una cruenta represión; el Justicia fue capturado y ejecutado, así como muchos de sus partidarios, Villahermosa y Aranda fueron enviados a Castilla donde encontraron la muerte en extrañas circunstancias y la Inquisición comenzó su particular venganza contra aquellos que la habían desafiado. Mientras desde Béarn, Pérez y los que les habían acompañado en su huida unieron fuerzas en torno a Enrique de Navarra, que estaba más interesado en aliviar la presión que Felipe II ejercía sobre Francia que los problemas de Aragón. Aún así consiguieron reunir una pequeña fuerza que penetro a través de los Pirineos en febrero de 1592, aunque rápidamente fueron derrotados por el ejercito de Vargas a los que se unieron muchas fuerzas de la propia Aragón ante lo que consideraron una invasión extranjera en manos de protestantes. Heredia fue detenido y ejecutado, mientras que Antonio Pérez paso el resto de su vida en el exilio ofreciendo sus servicios- tanto a Francia como Inglaterra- sin demasiado éxito. Murió en París en 1611 sin haber obtenido el perdón de la Corona.

A pesar de la represión que sucedió a este episodio, las condiciones políticas que se impusieron no fueron excesivamente duras. La Corona no podía mantener intactas la constitución aragonesa tras este desafío. Tras lo sucedido en 1588 cuando Felipe II había intentado que el tribunal de Justicia ratificara el nombramiento del virrey castellano sin éxito, ahora con un ejército de ocupación las instituciones aragonesas estaban a su merced y debía aprovechar para reformarlas. Aún siendo así, el rey respetaba la estructura territorial de sus reinos y se mostró dispuesto a no eliminar la identidad política del reino.

En junio de 1592 se convocaron las Cortes Aragonesas en Tarazona para dar forma legal a los cambios pretendidos por la Corona. Ninguna institución aragonesa fue suprimida pero si remodeladas para evitar sucesos comprometidos como el acaecido. Se otorgo al monarca el derecho al nombramiento del virrey, que ya no tendría porque ser aragonés La Diputación del Reino, organismo permanente de las Cortes, perdió poder a la hora de controlar la utilización de los ingresos aragoneses y sobre la guardia del reino, así como el derecho de convocar conjuntamente a representantes del reino. La Corona se reservaba el derecho a destituir al Justicia con lo cual este perdió gran parte de su independencia y el monopolio familiar que había existido en él durante tanto tiempo. También la Corona se reservaba el control en el nombramiento de los miembros del tribunal de Justicia, así como algunas modificaciones en el sistema legal para asemejarlo a Castilla. La Inquisición fue dotada de un mayor poder y trasladada al palacio fortificado de la Aljafería dotada de una guarnición real para su protección.

Fachada de la Aljafarería. Lugar donde fue transladada la Santa Inquisición dotada con una guarnición local. Fuente: Wikimedia Commons.

Como conclusión podemos decir que este episodio de rebeldía aragonesa condujo a un compromiso entre el monarca y la nobleza. Estos aceptaron la autoridad real como la mejor garantía de conservar sus privilegios, pero a cambio, permitieron la debilitación de sus fueros y la imposición de una autoridad real más férrea.

Bibliográfia:

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Felipe II y su tiempo. Ed. RBA Coleccionables, S.A. Barcelona. 2005

FLORISTÁN, A (Coord.): Historia Moderna Universal. Ed. Ariel, S.A. Barcelona. 2005

LYNCH, J: Los Austrias. Ed. RBA Coleccionables, S:A. Barcelona. 2005

Autor: Rafael Navarro Martínez (2012)