Sobre las victimas de la Guerra Civil Española

¿Fueron 1.000.000 los muertos en la GCE? Un excelente trabajo de Jesús Villar Salinas que mereció el premio Conde de Toreno de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1941, con el título de Repercusiones demográficas de la última guerra civil española. Problemas que plantea y soluciones posibles, en 1942,

airea una cifra que se haría famosa. El doctor Villar dijo que nuestra guerra había costado al país un millón de habitantes y las gentes, que no se tomaron la molestia de leer el libro, se agarraron como a un clavo ardiendo a tan sugestiva frase y sólo tuvieron que variarla lo suficiente para que la idea expresada por Villar Salinas se transformara en otra, radicalmente distinta, con lo que el millón de habitantes perdidos pasaba a ser un millón de muertos.

La leyenda se había puesto en circulación con anterioridad. Ya el cardenal Gomá, en una carta pastoral fechada el 30 de enero de 1937, hablaba de que las víctimas de una guerra, apenas iniciada, podían ser un millón y posteriormente, la carta colectiva del episcopado aceptaba como un hecho «la pérdida de más de un millón de españoles, con el desgarro que ello ha producido en el alma nacional». Villar Salinas parecía refrendar una afirmación que acabaría siendo un mito.
La realidad distaba mucho de la leyenda y ésta se sustentaba en bases tan poco firmes como la tergiversación de las conclusiones de un trabajo científico y el bulo propagado por la pasión o el interés.

De esta forma se fue elaborando una imagen distorsionada de la realidad. De ahí la necesidad de una investigación seria y concienzuda, que llevará al conocimiento exacto de los hechos para situarlos en sus auténticas magnitudes.
Los estudios de Villar Salinas, centran la pérdida de población por una y otra causa en 859.418 habitantes, de los que 612.850 no llegaron a ver este mundo y 246.568 murieron antes de lo que era de esperar. De estos últimos, 173.731 serían las víctimas de las operaciones y 72.837 los de la enfermedad. El resto, hasta el millón de la leyenda, lo completaban los exiliados.

Una parte muy importante de las defunciones de guerra se registrarían con posterioridad. Este hecho no ofrece la menor duda y de él se había ocupado la Administración dictando las disposiciones adecuadas para la inscripción diferida de los desaparecidos y de los no identificados.

En zona nacional el decreto número 67 de 8 de noviembre de 1936 se hizo cuestión de este problema y atendió a su resolución dando normas concretas para aceptar legalmente la presunción de muerte de «los desaparecidos, combatientes o no, víctimas de bombardeos, incendios y otras causas relacionadas con la lucha». Dos días más tarde, una Orden Ministerial de 10 de noviembre de 1936, publicada en el B. O. E., del día 13 del mismo mes, establecía las formalidades a que se debían sujetar los expedientes judiciales que acababan de incoarse para la inscripción de desaparecidos y fallecidos. Los difuntos se inscribirían una vez que las autoridades judiciales aprobaran las informaciones practicadas y los desaparecidos cinco años más tarde.

Quiere esto decir que una considerable fracción de las defunciones de tiempo de guerra no se inscribieron hasta después de terminar ésta. Figuran, por tanto, en los resultados del movimiento de población y de muertes violentas de los años siguientes.

Como el plazo que marcaba la Ley resultaba excesivo, sobre todo cuando se tenía la certeza del óbito del desaparecido, poco después de terminada la guerra se dictaron sendas disposiciones complementarias que daban nuevo plazo para las solicitudes de declaración de fallecimiento y para permitir la inscripción inmediata, sin imperativo de plazo, de los que hubieran sido víctimas de los vencidos, aunque en su aplicación se actuó con liberalidad y la exención se extendió de forma general. Como dato la certificación del fallecimiento de Federico García Lorca, se registró el día 20 de abril de 1940.

Gran parte de los muertos, que alcanza a la mayoría de los que cayeron víctimas de la represión no fueron inscritos hasta después de terminada la guerra. Esto sirve también para buen número de los fallecidos en campaña y explica la excesiva cifra de defunciones violentas registradas en los años 39 y 40 e incluso en los posteriores.

Pierre Villar, en su Historia de España dice que «los cálculos demográficos inducen a creer que las pérdidas de la población española debida a la guerra civil serían unas 560.000 personas, incluyéndose las víctimas de los combates y bombardeos», y los de Hugh Thomas, que las cifras en unas 600.000. Es de toda evidencia que éste fue el nivel alcanzado por la sobremortalidad española en ese período, pero no es menos cierto que esa cifra de muertes no incluye sólo a las víctimas de los combates, de los bombardeos y de la represión, sino a todas las restantes causas de muerte incluidas en la nomenclatura oficial detallada, y muy especialmente a los muertos en operaciones, a los civiles fallecidos a causa de la acción militar, a las víctimas del terror en una y otra zona, a los ejecutados con posterioridad de las operaciones, a los que cayeron durante la segunda guerra mundial en las filas de los bandos enfrentados, a los que fallecieron en la acción guerrillera o como resultado de ella, a los muertos por inanición o privaciones y las víctimas de la enfermedad durante la guerra y después de que terminara.

Durante los quince años transcurridos desde 1936 a 1950 se inscribieron en los registros españoles 373.270 muertes violentas, excluyendo suicidios e infanticidios, en tanto que si se hubieran mantenido las cifras de 1935 sólo hubieran muerto por estas causas 109.545 personas. Se establece la sobremortalidad del período en 263.935 que, en principio, serían los españoles víctimas de la guerra, Sin embargo, en 1950 todavía se inscriben 548 muertes de militares por heridas de guerra, 407 civiles muertos como consecuencia de las operaciones y 57 ejecuciones judiciales, que hacía suponer que en años sucesivos todavía aparecerían inscripciones diferidas de fallecimientos anteriores. En años posteriores y en todos ellos aparecían cifras, aunque claramente decrecientes, de víctimas de la guerra, cuyas inscripciones no se anulan hasta 1961. En estos años 50 y 60 se registran 75 ejecuciones (algunas por delitos comunes) y 2.281 óbitos a consecuencia de heridas de guerra, aunque todas ellas corresponden a la acción guerrillera.

Con todas estas adiciones, se llega a la cifra de 271.444 muertes, que significarían el total de españoles que perecieron violentamente víctimas de la guerra, el terror o las actividades militares que le sirvieron de epílogo, tanto en los campos de batalla exteriores como sobre el propio suelo de España.

Autor: Cosmos12